Apromar carga contra la administración por el estancamiento del sector

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Apromar ha tardado en valorar la aprobación, el pasado martes, del Plan Plurianual de la Acuicultura Española, por parte de Jucamar. Pero la respuesta ha sido, sin duda, contundente. La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España deja entrever una sensación agridulce tras la aprobación del documento, “probablemente uno de los mejores que los diversos Estados Miembros presenten ante la Comisión Europea”. Así, el organismo felicita a la Fundación OESA por el trabajo desarrollado a la hora de integrar las diversas propuestas autonómicas. Su contenido y estructura, indican, es “correcto”. Pero la preocupación de Apromar “radica en cómo hacer que el Plan Estratégico llegue a ser efectivo”, indica. Y dado que el objetivo del plan es incrementar el nivel de desarrollo de la acuicultura en España, alcanzando la competitividad y disminuyendo el nivel de dependencia de las importaciones, es necesario “aumentar sustancialmente las producciones actuales”, “generando la riqueza y los puestos de trabajo que la sociedad española demanda, dentro del mayor respeto medioambiental”, explica el sector.

Pero Apromar recuerda que la redacción de este “imprescindible” plan es consecuencia de la “aplicación a regañadientes de la Política Pesquera Común de la Unión Europea por parte las administraciones públicas españolas”, con relación a las obligaciones dentro del nuevo paradigma europeo del método abierto de coordinación entre Estados Miembros. Sin embargo, “las administraciones públicas españolas ya debieron impulsar un plan estratégico, motu proprio, hace lustros y no lo hicieron”. “Esta motivación indirecta está marcando el escaso interés que desde las autoridades que ejercen las competencias de la acuicultura en España se le otorgue a la aplicación efectiva del Plan Estratégico”, sostienen.

Este Plan Estratégico “llega en un momento crítico para la acuicultura española, que atraviesa un momento de incertidumbre por su futuro, con un bloqueo normativo prácticamente total en su desarrollo y crecientes dificultades con las administraciones públicas”. Según el sector, el bloqueo está provocando que empresarios dispuestos a invertir cantidades importantes de dinero en España en acuicultura, “no están pudiendo materializarlos porque se les ponen todo tipo de pegas normativas y dificultades para establecerse”. La “ineficacia” de las administraciones públicas españolas competentes en acuicultura “ha frustrado”, indican, en la última década inversiones en acuicultura marina productiva por valor de 600 millones de euros, impidiendo la creación de 1.700 empleos directos de alta calidad y de otros 2.500 empleos indirectos. Además del “desaprovechamiento” del fondos europeos del FEP por valor de 120 millones de euros. Con todo ello, la capacidad instalada de producción de la acuicultura marina en España podría haber sido hoy un 50% mayor que la existente.
La asociación vio en la actual crisis económica una oportunidad para “vencer la parálisis administrativa para con esta actividad y salir del laberinto administrativo. Pero la crisis se agudizó, está siendo profunda y larga, y sin embargo no ha propiciado el deseado cambio hacia el desbloqueo administrativo hacia la creación de empleo y riqueza en acuicultura”.

La administración “no se atreve, no sabe”
En su comunicado, Apromar es altamente crítica con las administraciones competentes en acuicultura, “incluida la Dirección General de Costas del MAGRAMA», que “solas no se van a atrever ni van a saber resolver la situación”. En su opinión, la raíz del problema es que en la sociedad “subyace un problema mucho más grave y que les supera, por estructural y sistémico: la deriva sociológica hacia una modernidad mal entendida, en la que el pensamiento necio de unos y la predisposición complaciente de la mayoría han sumido a este país en la última década y media en un pozo de difícil salida”.
La paralización de la acuicultura desde las administraciones públicas tiene múltiples causas y responsables, aunque Apromar la sintetiza en dos puntos: por un lado “la promulgación desde la progresía gobernante de un tupido tejido normativo híper ambientalista, que proliferó en el Estado y en muchas Comunidades Autónomas a finales de los años 90 y primera década del 2000, al pairo de una falsa sensación de explosión económica que se acabó estrellando en 2008. Hoy, esta maraña espesa y opresiva asfixia a la acuicultura y otros sectores”; por otro, “la gestión autonómica del sector”, ya que “la expectativa de un crecimiento potente de este sector se empezó a frustrar el mismo día en que se decidió transferir constitucionalmente las competencias en acuicultura a las Comunidades Autónomas, trasladando con ello la toma de las decisiones fundamentales a un centro de poder muy próximo a los núcleos en los que puede surgir la oposición a su desarrollo”.

Apromar muestra su “desasosiego” por el “el muy escaso compromiso por parte de las administraciones públicas autonómicas por el futuro de la acuicultura en sus respectivos territorios”. Las críticas no van dirigidas solo contra la lentitud de los trámites administrativos, sino también contra “la falta de transparencia de los procesos, la poca agresividad en favor del sector que hace que ante el más mínimo obstáculo se paralice un expediente, y a que estos departamentos de la administración ven pequeños frenos en las consejerías ajenas mientras que no quieren ver el gran freno que ocurre dentro de su propia oficina”, lamenta.

Reparto del FEMP
Tras la aprobación del Plan Estratégico, se celebró sesión preparatoria para la elaboración del Programa Operativo español que acompañará al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que son los fondos estructurales que podrá aprovechar la acuicultura para el periodo 2014-2020. Una vez más, Apromar, critica la actitud de las administraciones tras comprobar los “silencios, comentarios escuetos y caras serias al tratar sobre las obligaciones del Plan Estratégico a mayor participación, satisfacción y contribuciones al pasar a abordar las subvenciones y su reparto entre las diferentes autonomías”. Una muestra de que “a los políticos y administraciones públicas les encanta sobremanera hacerse fotos repartiendo subvenciones pero que les resulta incómodo poner en orden y buen funcionamiento sus propias oficinas, por ejemplo para aplicar en sus casas el Plan Estratégico”, sentencia la asociación de productores. Para Apromar es “mucho más prioritario que lleguen a buen puerto los objetivos del Plan Estratégico, como la agilización de trámites, otorgamiento de concesiones, mejor etiquetado, igualdad de oportunidades, etc., que la recepción de subvenciones. Las ayudas públicas son sin duda un buen apoyo para consolidar el sector, pero es crucial tener bien el orden de prioridades”. Para Apromar está claro el “potencial” de la acuicultura española y va a seguir “empujando denodadamente para resolver los problemas por complejos que sean ya que este sector tiene mucho que decir en el futuro de España y de cada una de sus Comunidades Autónomas”.